Aunque parezca insólito, solo hasta el pasado 28 de julio, con el apoyo de 122 naciones, la ONU declaró el agua potable como un derecho humano, imprescindible para la vida. AFPDesde hace 13 años, cuando la empresa Acuaviva asumió el manejo del acueducto de Palmira (Valle del Cauca), la situación cambió para los 300 mil habitantes de la ciudad: mejor suministro, modernización de redes y hasta costos favorables en las tarifas. Quedaba atrás la ineficiente y burocrática empresa municipal de servicios públicos.
“Es que el mejor amigo de la privatización es la mala gestión pública”, sostiene Mario Pérez, investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (Cinara), de la Universidad del Valle.
El ingeniero explica que, sin embargo, no todo es camino de rosas en la gestión privada. “Aparecen conflictos por los acuerdos contractuales, debido a que el municipio se siente tumbado porque las inversiones con las que se comprometió la empresa no se cumplen. Entonces, les toca sacar dinero del presupuesto público para financiar buena parte de los planes de inversión”.
Según Pérez, las ganancias son excesivas para la empresa, “sobre lo cual no hay control del Estado”. El 40% de Acuaviva pertenece al municipio y el 60% a inversionistas privados, encabezados por la firma francesa Lyonaisse des Eaux, una de las mayores multinacionales de agua del planeta.
Según el investigador, esa ganancia no se refleja en inversiones vitales como la protección de las microcuencas –de donde sale el recurso para el acueducto– y tampoco en adecuadas relaciones con la comunidad. “Solo ahora, que se vencerá la concesión en el 2012, se dan cuenta de lo que tienen que hacer”.
En la actualidad, son varios los municipios que concesionaron la operación de los acueductos, ante la incapacidad del sector público de gestionarlos. Esta es solo una de las caras que adquiere el polémico tema de la privatización.
¿Mercancía?
El agua es un bien público que todo ciudadano tiene derecho a usar. Es un bien esencial que no tiene sustitutos y sin el cual no prosperaría la vida. Y es, además, un bien de interés económico, necesario para el desarrollo de múltiples actividades como la industrial y la agrícola.
Nohra León, geógrafa e investigadora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, considera que una de las grandes dificultades en la gestión y regulación del agua es la de asignarle un valor, debido a que es una sustancia natural, no renovable, que no debería ser vista como un producto del mercado.
No obstante, la experta explica que se han diseñado mercados hipotéticos para tratar de establecer un precio que responda al uso racional del recurso, pues debido a su carácter de bien público, es susceptible a la degradación por exceso de uso.
Para el economista Luis Diego Vélez, de la Facultad de Minas de la UN en Medellín, el agua como recurso estratégico es objeto de diversos procesos que implican su trato como mercancía. La Ley 142 de 1994 permitió su manejo empresarial, y aunque no significa la privatización total, desconoce el carácter de derecho fundamental, como lo establecen varias resoluciones de las Naciones Unidas, argumenta el experto.
“A menudo, la raíz del conflicto es por el valor que los diferentes actores le atribuyen. ¿Es un bien cultural?, ¿un bien económico para obtener ganancias?, ¿un bien político para tener poder? En realidad, puede ser la combinación de estos interrogantes, y se adecua al momento y espacio en que se le quiera definir”, argumenta Vélez.
Si bien en Colombia la oferta superficial de agua es casi cien veces mayor que la demanda, las principales reservas se encuentran en regiones poco pobladas como Orinoquia, Chocó y Amazonas, mientras que en la zona Andina, donde se ubica el grueso de la población, solo se cuenta con el 15% de la oferta total, dice el economista de la UN en Medellín.
Ese 15% tiene que ser repartido entre la agricultura (54%), el uso doméstico (29%), uso industrial (13%) y uso pecuario y otros servicios (4%), según proyecciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En el papel, la prioridad es el consumo humano, pero en la práctica, ese derecho riñe con otros intereses que reflejan las formas como se presenta la privatización del líquido.
La profesora Nohra León expone como ejemplo los acuíferos de la Sabana de Bogotá que por años fueron exprimidos por la industria privada de la floricultura. “En el IDEA denunciamos ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el despilfarro en los cultivos que tomaban el agua subterránea. Esto ocurría mientras municipios de la Sabana sufrían desabastecimiento de agua potable. Uno se pregunta: ¿dónde queda la regulación, control y vigilancia oficial en estos casos?
En la cuenca del río Bolo, que surte a varios ingenios azucareros del sur del Valle del Cauca, la situación es similar. Allá, señala Mario Pérez, del Cinara, algunos dueños de tierras no quieren dejar pasar las tuberías que llevarán el recurso al municipio vecino de Candelaria, que por siglos ha recurrido a contaminados y profundos pozos para adquirir el líquido. “Los pobladores quieren agua del río Bolo para el acueducto, pero hay dueños de cañaduzales que tienen asiento en la Corporación Autónoma de la región. Entonces, ¡¿quién le pone el cascabel al gato?!”.
La secretaria de Infraestructura de Candelaria, Emilse Larraude, declaró que el tema se solucionó por la intervención de entidades como el Ministerio de Ambiente y el Ideam, que determinaron que el caudal del Bolo puede proveer de agua, sin problemas, a tres municipios del área. “Si llegase a haber escasez del recurso, la ley privilegiaría el consumo humano”.
Diana Tovar Pinilla, egresada de la Maestría en Ambiente y Desarrollo del IDEA, expone en su investigación que la Ley del 365 del 2005 generó un debate nacional ante la posibilidad de instaurar lo que se denomina Sistema de Derechos Transferibles, el cual justifica el manejo del recurso en manos privadas, para responder a criterios de eficiencia, optimización y sostenibilidad.
“Son diversas las críticas que se hacen por la implementación del sistema, como el hecho de no dar señales que reflejen la insuficiencia real del recurso, así como la imposibilidad de incorporar criterios de distribución equitativos, dejando por fuera a la población más vulnerable”, dice la investigadora.
En una encuesta a las corporaciones ambientales del país, Tovar determinó que “Colombia carece de información y tiene poca capacidad institucional para enfrentar el mercado del agua”, por tanto, “el Estado debería mantener su carácter de bien público, como patrimonio de todos los ciudadanos, que garantice el desarrollo equitativo y sostenible”, concluye.
Para Jairo Sánchez, experto en economía ambiental del IDEA, el problema no es la privatización de algunas fases de la gestión del agua, sino entregarle toda la responsabilidad de la regulación al sector privado.
Fuente: UNPeriódico, Edición No. 138.
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