A medida que se asoman el cambio climático y el desabastecimiento en todo el mundo, ¿luchará la gente por el agua o se unirán para protegerla? Un movimiento mundial de justicia por el agua está demandando un cambio en la ley internacional para garantizar el derecho universal al agua potable para todos.
Es un fracaso colosal de la previsión política que el agua no haya emergido como un asunto importante en la campaña Presidencial de los Estados Unidos. Los vínculos entre petróleo, guerra, y política exterior estadounidense son bien conocidos. Pero el agua—si la tratemos como un bien público o como una mercancía que puede comprarse y venderse—en gran parte determinará si nuestro futuro será pacífico o peligroso.
Los norteamericanos derrochan el agua mucho más que el petróleo. Los Estados Unidos depeden de agua subterránea no renovable para el 50 por ciento de su uso diario, y 36 estados enfrentan ahora una significativa escasez de agua, algunos casi entrando en crisis.
Mientras tanto, la disminución de los suministros de agua alrededor del mundo, el acceso desigual al agua, y el control corporativo del agua, en conjunto con el inminente cambio climático por las emisiones de combustible fósil, han creado una situación de vida o muerte a lo largo del planeta.
Tanto Demócratas como Republicanos han hecho hincapié en flexibilizar la dependencia de Estados Unidos de los recursos de energía no renovable en sus plataformas, pero ninguno de los partidos genera un debate público significativo sobre las amenazas planteadas por la escasez de agua.
Eso no quiere decir que nadie esté prestando atención. De hecho, el agua se ha convertido en una clave estratégica de seguridad y una prioridad de política exterior para el gobierno de los Estados Unidos.
Peligrosos acuerdos acuáticos.
Los intereses corporativos han perseguido planes para privatizar, mercatizar y exportar agua por décadas. Hemos visto cómo se desarrolla esto en Canadá. Por ejemplo, a finales de 1990, Sun Belt Water Inc., demandó al gobierno canadiense en virtud del NAFTA porque la Columbia Británica prohibió la exportación de agua, impidiendo un acuerdo que habría enviado agua desde la Columbia Británica hasta California. Las corporaciones también han hecho intentos para enviar agua canadiense hasta tan lejos como Asia y el Medio Oriente, propuestas que fracasaron después de una fuerte oposición de los ciudadanos que estaban empezando a comprender los peligros de la permanente eliminación del agua de los ecosistemas locales y su puesta bajo control corporativo.
Ahora el Pentágono, así como varios foros de reflexión sobre seguridad de Estados Unidos, han decidido que los suministros de agua, al igual que los suministros de energía, deben ser asegurados si es que Estados Unidos quiere mantener su actual poder económico y militar en el mundo. Y Estados Unidos está ejerciendo presión para acceder al agua canadiense, a pesar de la propia escasez de Canadá.
Bajo el nombre “Proyecto del Futuro de Norteamérica 2025”, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos reunió a funcionarios gubernamentales de alto rango y ejecutivos de empresas de Canadá, Estados Unidos y México para una serie de seis encuentros con el objeto de discutir una amplia gama de cuestiones relacionadas a la Asociación de Seguridad y Prosperidad, una controvertida serie de negociaciones, fuertemente custodiada, para ampliar el NAFTA.
“A medida que… la globalización continúa y el balance de poder cambia potencialmente, y los peligros para la seguridad global evolucionan, es prudente para los políticos canadienses, mexicanos y estadounidenses contemplar una arquitectura de seguridad de Norteamérica que pueda tratar eficazmente con amenazas de seguridad que se pueden preveer en 2025”, indicó una copia filtrada del documento del CSIS.
En la agenda de una de las dos reuniones en Calgary hubo “consumo, transferencia y desvíos artificiales de masas de agua” con el propósito de lograr “una optima utilización común del agua disponible”.
La conexión entre el agua y la seguridad se profundiza con el hecho que los Laboratorios Nacionales Sandia, un socio vital con el CSIS en su Proyecto Futuro Global del Agua, también desempeña un importante rol en la seguridad militar en los Estados Unidos. Si bien Sandia es técnicamente propiedad del gobierno de Estados Unidos, y reporta a la Administración de Seguridad del Departamento Nacional de Energía Nuclear, su dirección está subcontratada a Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas del mundo.
Ralph Pentland, asesor hídrico y principal artífice de la Política Federal de Agua del gobierno canadiense en 1987, cree que el propósito de esta discusión multilateral es asegurar suficiente agua para la producción de arenas alquitranadas de Alberta, con el fin de garantizar el suministro ininterrumpido de petróleo a Estados Unidos. La extracción de energía sería mucho más atractiva si una nueva fuente de agua—potencialmente del norte de Canadá—pudiera ser llevada hasta las arenas alquitranadas a través de tuberías u otras desviaciones. Mientras el agua no cruce la frontera internacional, Alberta está en facultad de hacerlo.
Estos planes para desplazar agua de un ecosistema a otro en servicio de las ganancias de las corporaciones son un problema ambiental para el planeta entero, lo cual es otra razón por la cual el agua debe formar una parte crucial de cualquier discusión progresista en torno a la dependencia de Estados Unidos de los recursos energéticos extranjeros.
Los intereses de las corporaciones entienden la conexión y la están usando para abogar por soluciones privadas a la crisis del agua. En un lenguaje que será familiar a los críticos que sostuvieron que Estados Unidos invadió Irak no por la democracia, sino por el acceso al petróleo y beneficios a las empresas, un informe de 2005 del Proyecto Futuro Global del Agua del CSIS tenía esto que decir sobre el agua:
“Las cuestiones del agua son críticas para la seguridad nacional de Estados Unidos y son parte integrante para mantener los valores americanos de humanitarismo y crecimiento democrático. Por otra parte, el compromiso con los asuntos internacionales del agua garantiza oportunidades comerciales para el sector privado de Estados Unidos, el cual está bien posicionado para contribuir al desarrollo y obtener una recompensa económica”.
Agua para todos.
Evidentemente, las autoridades en los Estados Unidos han decidido que el agua no es un bien público sino un recurso privado que se debe asegurar de cualquier manera.
Pero hay alternativas.
Los norteamericanos debemos aprender a vivir dentro de nuestros medios, conservando el agua en la agricultura y en el hogar. Podemos aprender de los muchos ejemplos aquí y más allá de nuestras fronteras: del sistema de acequias de Nueva México, que usa una antigua zanja de riego tradicional para distribuir agua en tierras áridas, hasta la Alianza Internacional de Cosecha de Agua de Lluvia en Ginebra, que trabaja mundialmente para promover programas sostenibles de cosecha de agua de lluvia.
Las estrategias de conservación supondrán un perjuicio para la inversión masiva que está fluyendo ahora hacia soluciones tecnológicas y de infraestructura corporativas, tales como proyectos de desalinización, reutilización de aguas residuales y transferencia de agua. Y la conservación sería muchas veces mas barata, una bendición para el público pero no para los intereses corporativos que están actualmente impulsando los acuerdos internacionales sobre el agua.
En las bases, un movimiento global de justicia por el agua está demandando un cambio en la ley internacional para resolver de una vez por todas la pregunta de quién controla el agua, y si las respuestas a la crisis del agua garantizará el agua para el público o los beneficios para las empresas. Ricardo Petrella ha encabezado un movimiento en Italia para reconocer el acceso al agua como un derecho humano básico, que cuenta con el apoyo de los políticos de cada nivel. La Coalición en Defensa del Agua Pública en Ecuador está demandando que el gobierno reforme la constitución para reconocer el derecho al agua. La Coalición en Defensa del Agua Pública en Sudáfrica está desafiando la práctica de medición de agua ante el Tribunal Superior de Johannesburgo sobre la base de que viola los derechos humanos de los ciudadanos de Soweto. Docenas de grupos en México se han unido a COMDA, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, una campaña nacional para una garantía constitucional de agua para el público.
Los Estados Unidos y Canadá son los únicos dos países que bloquean activamente las tentativas internacionales para reconocer al agua como un derecho humano. Pero los movimientos en ambos países están trabajando para cambiar eso. En Canadá una amplia red de grupos de derechos humanos, religiosos, laborales y medioambientales han formado Amigos Canadienses por el Derecho al Agua para lograr que el gobierno canadiense apoye un tratado de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua. Y una red en los Estados Unidos encabezada por Custodia de Comida y Agua pide por un fideicomiso nacional de agua para garantizar la seguridad de los activos de agua de la nación y un cambio en la política gubernamental en los derechos al agua.
Estas campañas pueden tener una lucha por delante, pero la visión está a nuestro alcance: un tratado de las Naciones Unidas que reconoce el derecho de la Tierra y otras especies al agua potable, se compromete a proteger y conservar los suministros de agua del mundo, y forma un acuerdo entre aquellos países que tienen agua y aquellos que no a trabajar en pro del control local, no corporativo, del agua. Debemos admitir que el agua es un derecho humano fundamental para todos.
* Maude Barlow escribió este artículo para Una política exterior justa, la edición de verano de 2008 de YES! Magazine. Maude es la presidenta nacional del Consejo de Canadienses y autora de Blue Covenant: The Global Water Crisis and the Coming Battle for the Right to Water (Pacto Azul: La Crisis Mundial del Agua y la Batalla por Venir por los Derechos al Agua.) Traducción por Guillermo Wendorff.
Fuente: Ecoportal.net
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